En Venezuela, el tiempo para registrar una empresa, una propiedad y obtener el deseado documento que convierta a un ciudadano en propietario de ese bien podría llevar hasta cuatro meses en el mejor de los casos. Si se trata de empresas más complejas y el documento fuera rechazado por no llevar tal o cual requisito exigido por el registrador, la espera podría extenderse hasta por seis meses. Lograr el objetivo requeriría sortear innumerables pasos, a los que se agrega la discrecionalidad del funcionario que el destino nos puso en el camino.

Para los especialistas esto no es solo un problema de eficiencia en la gestión. De lo que se trata es de un sistema que está paralizando la economía del país y promueve que muchos emprendedores opten por la informalidad ante las vicisitudes de ingresar al sórdido mundo de los registros. Es como empujar a la gente a vivir fuera de los procesos legales, ante lo engorroso que se vuelven esos procesos.

Hernando de Soto, economista peruano, describe en su libro: "Imagine un país donde nadie puede identificar quién es dueño de qué, las direcciones domiciliarias no pueden ser fácilmente identificadas, la gente no puede ser obligada a pagar sus deudas, la propiedad no puede ser dividida en participaciones y donde las reglas que rigen la propiedad varían de barrio en barrio. Usted acaba de trasladarse a la vida de un país en vías de desarrollo o uno que acaba de salir del comunismo". Sigue Soto: "En cada país que investigamos, encontramos que casi tan difícil como volverse legal es seguir siéndolo. Inevitablemente, la cosa no es tanto que los migrantes quebranten la ley sino que la ley los quebranta a ellos, motivo para salirse del sistema".

El Universal, Caracas (adaptado).