Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Congress has always considered to norms of behavior such as courtesy and reciprocity to be critical to collective policymaking. These forms of behavior, which in recent years have come to be referred to as “comity”, have been understood to “both standards of behavior for members and the mutual respect of the two chambers for each others’ prerogatives”. During debate in the House, comity is to be preserved through the establishment, observance, and the enforcement of standards of decorum. These standards are in House rules, related sections of Jefferson’s Manual, the House’s precedents, and “announced policies” of the Speaker. The rules of the House also provide the chair and individual members with a range of mechanisms for enforcing decorum in floor debate. This report examines the standards governing decorum in House debate and discusses the different procedures available for enforcing them. Examples of alleged breaches of decorum during 103rd – 105^th Congresses are provided to illustrate the use of these enforcement procedures, and the interpretation of decorum standards through the chair’s rulings, admonitions and responses to parliamentary inquiries.

At the beginning of a daily session of the House, the Speaker may appoint a majority party representative to preside in the Speaker’s absence as Speaker pro tempore. When the House resolves itself into the Committee of the Whole, the Speaker appoints a majority party representative to preside as chairman during consideration of a particular measure. In this report, the term “chair” refers to the presiding Representative in both the House and the Committee of the Whole. Though this report focuses on House floor debate, the House’s rules and precedents for decorum in debate generally apply as well in committees and subcommittees.

Internet: <http://www.house.gov/rules/98-572.pdf> (with adaptations).

Congress has always considered to norms of behavior such as courtesy and reciprocity to be critical to collective policymaking. These forms of behavior, which in recent years have come to be referred to as “comity”, have been understood to “both standards of behavior for members and the mutual respect of the two chambers for each others’ prerogatives”. During debate in the House, comity is to be preserved through the establishment, observance, and the enforcement of standards of decorum. These standards are in House rules, related sections of Jefferson’s Manual, the House’s precedents, and “announced policies” of the Speaker. The rules of the House also provide the chair and individual members with a range of mechanisms for enforcing decorum in floor debate. This report examines the standards governing decorum in House debate and discusses the different procedures available for enforcing them. Examples of alleged breaches of decorum during 103rd – 105^th Congresses are provided to illustrate the use of these enforcement procedures, and the interpretation of decorum standards through the chair’s rulings, admonitions and responses to parliamentary inquiries.

At the beginning of a daily session of the House, the Speaker may appoint a majority party representative to preside in the Speaker’s absence as Speaker pro tempore. When the House resolves itself into the Committee of the Whole, the Speaker appoints a majority party representative to preside as chairman during consideration of a particular measure. In this report, the term “chair” refers to the presiding Representative in both the House and the Committee of the Whole. Though this report focuses on House floor debate, the House’s rules and precedents for decorum in debate generally apply as well in committees and subcommittees.

Internet: <http://www.house.gov/rules/98-572.pdf> (with adaptations).

Congress has always considered to norms of behavior such as courtesy and reciprocity to be critical to collective policymaking. These forms of behavior, which in recent years have come to be referred to as “comity”, have been understood to “both standards of behavior for members and the mutual respect of the two chambers for each others’ prerogatives”. During debate in the House, comity is to be preserved through the establishment, observance, and the enforcement of standards of decorum. These standards are in House rules, related sections of Jefferson’s Manual, the House’s precedents, and “announced policies” of the Speaker. The rules of the House also provide the chair and individual members with a range of mechanisms for enforcing decorum in floor debate. This report examines the standards governing decorum in House debate and discusses the different procedures available for enforcing them. Examples of alleged breaches of decorum during 103rd – 105^th Congresses are provided to illustrate the use of these enforcement procedures, and the interpretation of decorum standards through the chair’s rulings, admonitions and responses to parliamentary inquiries.

At the beginning of a daily session of the House, the Speaker may appoint a majority party representative to preside in the Speaker’s absence as Speaker pro tempore. When the House resolves itself into the Committee of the Whole, the Speaker appoints a majority party representative to preside as chairman during consideration of a particular measure. In this report, the term “chair” refers to the presiding Representative in both the House and the Committee of the Whole. Though this report focuses on House floor debate, the House’s rules and precedents for decorum in debate generally apply as well in committees and subcommittees.

Internet: <http://www.house.gov/rules/98-572.pdf> (with adaptations).